La movilidad de nicaragüenses en Costa Rica es histórica, y las mujeres nos enfrentamos a un sinfín de desafíos, obstáculos y violaciones a derechos humanos que no existen precisamente desde los inicios de la pandemia o el reciente cambio de gobierno en Costa Rica; todo lo contrario, los recientes eventos coyunturales sacan a flote una sociedad y la respuesta de un Estado que es excluyente, misógino y machista.
Es preciso resaltar que ser migrante, solicitante de refugio o refugiada tiene explicaciones legales distintas, pero hay algo en común que acompaña la materialización de estos conceptos; es nuestro cuerpo y vida movilizándose del lugar donde habitamos a otro territorio que se considera “El lugar de acogida”. Los motivos son diversos: de orden económico, por persecución política, por violencia de género, por abusos sexuales, y, así, un sinnúmero de violencias de las cuales huimos las mujeres.
Además, se debe reconocer que las mujeres no somos las únicas en movilidad, pero si estamos expuestas a vivir mayores dificultades y obstáculos que no nos permiten vivir libres de violencia.
La pandemia para las migrantes y refugiadas
En el marco de la pandemia y el llamado cierre de fronteras en Costa Rica, se han reproducido acciones de odio y rechazo que no solamente abarca la xenofobia; detrás existe un discurso envuelto de colonialismo, racismo, exclusión y desigualdad social. Esto ha incluido el cierre y control sobre la línea que separa a Nicaragua de Costa Rica y obliga – a quienes migran – a buscar alternativas que ponen en riesgo la vida misma y detener el tránsito hacia el país vecino.
En abril de 2020, se conoció el caso de una adolescente nicaragüense que ingresó por un punto no habilitado a Costa Rica al encontrarse en estado de embarazo y con síntomas de Covid-19 (se le aplicó la prueba y dio negativa). El caso dio de qué hablar, no por su situación, sino por los cuestionamientos dirigidos a su ingreso pese al control policial en
La línea fronteriza.
Entre tantos comentarios que explotaron en redes, surgieron mensajes asquerosos y repudiables: llamando a expulsar del país, – ¡que se vaya a morir a Nicaragua!, dijeron- ignorando su condición de embarazo y su estado de salud. Pese a esto, el gobierno aclaró que bajo ningún supuesto se puede expulsar del territorio a una menor de edad no acompañada, esto según el artículo 65 de la Ley General de Migración y Extranjería.
Tampoco es desconocido que el acceso a salud sexual y reproductiva para las migrantes y refugiadas es limitado y, en algunos casos, negado. En mi experiencia como solicitante de refugio, hace muy poco accedí por primera vez a atención básica y fue a través de un seguro médico (de lo contrario no recibiría atención), solo pagando un seguro médico, atención privada o teniendo un trabajo estable que garantice mi derecho a la salud y eso en más de tres años aquí, no he tenido.
Para mejorar nuestras condiciones requieren de esfuerzos y voluntades para llegar a las mujeres que se encuentran en situaciones precarias, sin acceso a condiciones mínimas que les permitan sobrevivir. Llegar a un país en busca de refugio y esperar hasta 6 meses o más para una identificación – que permita trabajar formalmente – es agotador y recae en buscar labores informales que vulneran, exponen y explotan a las mujeres en gran medida.
¿Acaso no se pueden crear mecanismos para abordar estas situaciones? Claro que se puede porque son nuestros derechos. No les estamos pidiendo, les exigimos voluntad política y actuación coherente de parte del gobierno e instituciones que deben velar por los derechos de las mujeres migrantes y en condición de refugio
Por: Sol Beltrán
