Por Karina Valvidia
Aunque ser migrante, solicitante de refugio o refugia tiene explicaciones legales distintas, hay algo en común que acompaña la materialización de estos conceptos; es nuestro cuerpo y vida movilizándose del lugar donde habitábamos a otro territorio que se considera “El lugar de acogida”. Los motivos son diversos: de orden económico, por persecución política, por violencia de género, por abusos sexuales, y, así, un sinnúmero de violencias de las cuales huimos las mujeres.
Es preciso reconocer que las mujeres no somos las únicas en movilidad, pero si somos las que vivimos mayores dificultades y obstáculos para vivir libres de cualquier forma de violencia. Ante este escenario, mi propuesta de abordaje explica cómo las violencias hacia las mujeres migrantes y refugiadas nicaragüenses en Costa Rica se agudizan en el marco
del Covid-19.
La pandemia para las migrantes y refugiadas
En el marco de la pandemia y el llamado cierre de fronteras en Costa Rica, se han reproducido acciones de odio y rechazo que no solamente abarca la xenofobia; detrás existe un discurso envuelto de colonialismo, racismo, exclusión y desigualdad social.
Esto ha incluido el cierre y control sobre la línea que separa a Nicaragua de Costa Rica y obliga – a quienes migran – a buscar alternativas que ponen en riesgo la vida misma y detener el tránsito hacia el país vecino. Existe un nulo análisis sobre las razones de fondo para comprender la movilización de quienes huyen de Nicaragua y justifican sus acciones bajo la consigna de “proteger” el territorio a toda costa, impidiendo el paso de la
población migrante.
La movilidad de nicaragüenses en Costa Rica es histórica, pese a esto, sigue siendo un fenómeno que desempodera y nos violenta. Las mujeres nos enfrentamos a un sinfín de desafíos, obstáculos y violaciones a derechos humanos que no existen precisamente desde los inicios de la pandemia; todo lo contrario, la situación actual saca a flote una sociedad
y la respuesta de un Estado que es excluyente, misógino y machista.
¿Ustedes se imaginan un país que, en el marco de pandemia, expulse a personas del territorio por considerarles en estado “irregular”1 o por que huyen de Nicaragua a causa de la dictadura Ortega-Murillo para resguardarse en Costa Rica? Sí, esto pasa. Es real. Es Nicaragua convulsionando y dando gritos de alerta sobre lo que vivimos las mujeres migrantes y refugiadas en el país vecino.
Que se vaya a morir a Nicaragua
En abril, se conoció el caso de una adolescente nicaragüense que ingresó por un punto no habilitado a Costa Rica al encontrarse en estado de embarazo y con síntomas de Covid-19 (se le aplicó la prueba y dio negativa). El caso dio de qué hablar, no por su situación, sino por los cuestionamientos dirigidos a su ingreso pese al control policial en
la línea fronteriza.
Entre tantos comentarios que explotaron en redes, surgieron mensajes asquerosos y repudiables: llamando a expulsar del país, – ¡que se vaya a morir a Nicaragua!, dijeron- ignorando su condición de embarazo y su estado de salud. Pese a esto, el gobierno aclaró que bajo ningún supuesto se puede expulsar del territorio a una menor de edad no acompañada, esto según el artículo 65 de la Ley General de Migración y Extranjería.
Tampoco es desconocido que el acceso a salud sexual y reproductiva para las migrantes y refugiadas es limitado y, en algunos casos negado. En mi experiencia como solicitante de refugio, hace muy poco accedí por primera vez a atención básica y fue a través de un seguro médico (de lo contrario no recibiría atención).
Al momento de llegar a la unidad de salud, no querían registrarme por el vencimiento de mi identificación; pese a que existe una prórroga2 efectuada por migración para extender el uso de identificaciones de las personas en condición de refugio. Muchas veces se ignora tanto en el ámbito público como privado, sin contar las ocasiones que restringen el servicio ya que existen funcionarias y funcionarios públicos que desconocen o ignoran directrices de acceso a derechos para población migrante y refugiada.
En esa misma experiencia, presenté la prorroga en físico porque sabía la situación que podía enfrentar. Recibí burlas y una respuesta despectiva de la funcionaria publica; aunque finalmente me atendieron, este mismo hecho ha constituido un obstáculo para acceder a derechos fundamentales como la salud o educación en los últimos meses.
Los derechos para la población migrante y en calidad de refugio no se cumplen a cabalidad. Se requieren de esfuerzos y voluntades para llegar a las mujeres que se encuentran en situaciones precarias, sin acceso a condiciones mínimas que les permitan sobrevivir. Llegar a un país en busca de refugio y esperar hasta 6 meses o más para una identificación
– que permita trabajar formalmente – es agotador y recae en buscar labores informales que vulneran, exponen y explotan a las mujeres en gran medida.
¿Acaso no se pueden crear mecanismos para abordar estas situaciones? Claro que se puede porque son nuestros derechos. No les estamos pidiendo, les exigimos voluntad política y actuación coherente de parte del gobierno e instituciones que deben velar por los derechos de las mujeres migrantes y en condición de refugio.
Si este es un país protector de derechos humanos, ¡Que empiece a cumplir y proteger nuestros derechos como mujeres migrantes y refugiadas!.
1El término en estado irregular hace alusión a lo siguiente: Ha ingresado al país por puestos no habilitados por Migración y Extranjería. Habiendo entrado de forma regular, ha cumplido el plazo de estancia y por tanto le ha caducado la visa y no renueva su estancia; habiendo estado en situación regular, no ha podido renovar por diferentes motivos su autorización de permanencia.
